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Esta novedosa aplicación móvil permite a las víctimas grabar audio y vídeo de forma segura e ininterrumpida cuando se sienten en peligro, generando un informe pericial que dota a la prueba de una garantía jurídica
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Administraciones públicas como los ayuntamientos de Los Palacios y Villafranca, Ayamonte, Las Cabezas de San Juan, Rivas Vaciamadrid, Alcorcón, Coslada, la Diputación de Málaga, Diputación de Córdoba o la Comunidad de Madrid ya han adquirido licencias de Ward
Cada vez son más las entidades que se interesan por la aplicación móvil Ward de INNOVASUR y que adquieren licencias para ayudar a proteger a las mujeres que sufren violencia de género. Bajo el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, instituciones como la Diputación de Córdoba han hecho público el anuncio de la utilización de la herramienta para ayudar a combatir esta forma de violencia.
Ward es una novedosa aplicación desarrollada por INNOVASUR que permite activar un modo seguro para registrar y preservar información relevante cuando la víctima de violencia de género se siente en peligro. El funcionamiento es similar al botón del pánico, de forma que al activarlo el dispositivo móvil comienza a grabar audio y vídeo de forma ininterrumpida mientras permanece oculta bajo la apariencia de otro tipo de app, como la de un gimnasio, para evitar ser descubierta por el agresor.
El contenido recogido por esta herramienta se envía a una nube segura que la codifica mediante el uso de tecnología blockchain para certificar que las grabaciones no han sido modificadas, generando un informe pericial que dota a la prueba de una garantía jurídica irrefutable. El CEO de INNOVASUR, Juan José Prieto, explica que: “Algunas mujeres ya han utilizado estas grabaciones en juicio y han podido demostrar que ha habido violencia de género hacia ella”.
Desde su puesta en funcionamiento, han sido varias las instituciones públicas que han adquirido licencias de Ward para ayudar a las víctimas en sus procesos judiciales, como es el caso de la Diputación de Córdoba, que esta misma semana ha anunciado la adquisición de 100 licencias, con la posibilidad de aumentar este número si fuera necesario.
Otros casos recientes son los de los ayuntamientos madrileños de Alcorcón y Coslada que, tras la eficacia contrastada en otras localidades para dar respuesta a la falta de pruebas, una de las mayores dificultades en este tipo de procedimientos penales, decidieron apostar por esta solución. Las cifras señalan que cerca del 40 % de los casos que llegan a los juzgados son sobreseídos por falta de evidencias, una barrera que Ward puede ayudar a sortear al certificar la inmutabilidad de las pruebas recogidas.
Una vez registrada la evidencia, solo la usuaria puede autorizar su visualización. Desde la plataforma, y siempre con consentimiento expreso, la grabación certificada puede compartirse con profesionales autorizados —abogacía, fiscalía o autoridades competentes— mediante un enlace de un solo uso o un archivo descargable, de manera que, en un procedimiento judicial, corresponde a la parte contraria demostrar que la evidencia no es válida, dada la robustez técnica del sistema.
La lista de administraciones públicas que deciden apostar por este sistema es cada vez más amplia, donde encontramos, además de los casos mencionados, los ayuntamientos de Los Palacios y Villafranca, Ayamonte, Las Cabezas de San Juan, Rivas Vaciamadrid, la Diputación de Málaga y la Comunidad de Madrid, entre otros. Asimismo, organizaciones privadas como Clece, la ONG MZC (Mujeres en Zona de Conflicto) o diferentes bufetes de abogados, se han interesado por la herramienta.